jueves, 7 de enero de 2016

Apple y el fisco italiano. Resultado: a pagar 318 millones de euros.



La filial italiana del grupo estadounidense de Apple pagará 318 millones de euros a Hacienda tras una investigación por fraude fiscal. La multinacional de la manzana ha aceptado la liquidación en Italia, según han informando las autoridades fiscales italianas. El sistema con el que rebajaba su factura fiscal era aparentemente similar al que aplica en España, con una filial que traspasa la mayor parte de su negocio a Irlanda.

Apple no había pagado el impuesto de sociedades que le correspondía entre 2008 y 2013
Un portavoz de la agencia tributaria italiana confirmó el acuerdo, adelantado hoy por el diario La Repubblica, pero no quiso hacer más comentarios. Según el rotativo, con los 318 millones la compañía, investigada también por otros estados miembro y por la Comisión Europea por sus prácticas fiscales, paga los impuestos por los cinco años de actividad sobre los que Italia ha realizado la investigación.
La negociación entre Italia y Apple ha durado varios meses y son la respuesta a las acusaciones que lanzó en marzo pasado la fiscalía. La acusación decía que la compañía con sede en Estados Unidos no había pagado el impuesto de sociedades que le correspondía entre 2008 y 2013. La cantidad pagada es exactamente lo que se se exigía en los informes que evaluaron la fuga de impuestos. Por ello, la empresa ha aceptado todos los resultados de las inspecciones que elaboraron las oficinas italianas de Lucha contra el Fraude, Grandes Contribuyentes y las autoridades de Hacienda.

 

El mismo sistema que en España

El mecanismo que usaba Apple en Italia era aparentemente similar al que usa en España. Decía que la empresa de Apple que operaba en aquel país era una filial que ofrecía servicios a la matriz internacional de ventas, a la que adquiría los productos a un precio que apenas le dejaba margen de beneficios. Y solo cotizaba por esas ganancias de servicios. La cantidad pagada al fisco italiano supera lo que Apple ha pagado en impuestos en España desde su nacimiento. La multinacional con sede en Cupertino tiene dos filiales en el mercado español: Apple Retail Spain —que gestiona la red de tiendas del grupo, las Apple Store— y Apple Marketing, que actúa como comisionista. En 2010, 2011 y 2012 Apple no pagó impuestos, puesto que (pese a disparar sus ingresos) los beneficios se concentraron en Irlanda y la declaración de la renta le salió a la empresa a devolver. Los dos últimos años han sido muy reducidos. Así, de 2010 a 2014 solo abonó a la Hacienda española 7,5 millones de euros.
En 2012, por ejemplo, Apple Retail Spain tuvo unas pérdidas antes de impuestos de 22 millones el pasado año. Esas pérdidas le permiten no solo no pagar impuestos, sino además apuntarse activos fiscales frente a Hacienda (impuestos que se ahorrará en el futuro) por 6,5 millones, que superan a los impuestos mínimos pagados por la otra filial. En 2013 abonó en total 3,6 millones de euros en impuestos tras ingresar 232 millones pero declarar un beneficio de solo 8,5 millones. En 2014 abonó en impuestos 3,9 millones.

El País, 30-12-15. 
 

sábado, 14 de febrero de 2015

Lo de Monedero es fraude fiscal


Cuando salió a la luz toda esta cuestión del frade fiscal que supuestamente había cometido el Sr. Monedero pensé: "tendré que conocer todos los extremos de esta cuestión para poder valorarla en base a la normativa tributaria".

Y es que me costaba pensar que a alguien que se le llena la boca con frases del tipo "no permitiremos la corrupción; se penalizará duramente el fraude fiscal; somos transparentes...." y utilizando, además, ese ímpetu tan característico que tiene en su forma de comunicar.

Ciertamente, me resultaba inimaginable que alguien que parece tener una convicciones tan claras se salte con tanta agilidad lo que se supone que es es/era su ética.

Como iba diciendo para poder valorar esta cuestión con objetividad he buscado información por la red. Algunos medios de comunicación aprovechan el tirón para menoscabar la imagen de Podemos, otros medios van por el camino de disimular la acción del Sr. Monedero promulgando el "el PP defraudó más!" o "El PSOE tiene una montada con los cursos de formación que pa' que y ahora le sumamos lo del Tranvía de Parla!"... así que no me servían sus noticias para enterarme de qué había ocurrido realmente. Medios de comunicación que en ciertas ocasiones carecen de imparcialidad (pero esta cuestión ya es otro cantar que no viene al caso). Seguí buscando y al final di con la información objetiva. Por fin!

En verdad, este hombre jamás me causó buena impresión. Pero... dejando las subjetividades a parte... pienso que lo compuesto por este sujeto ha sido un fraude fiscal claro. De los de libro. Pero además, de los chapuceros, de los que están en los primeros capítulos de "Cómo defraudar a la Hacienda Pública sin calentarte la cabeza".

Sr. Monedero pague sus impuestos a tiempo. Cuando la ley marca.

Lo que este hombre haga en su trayectoria política es cosa suya. No confío en él. En mi opinión, debería dimitir del cargo que ostenta en su partido. Creo que alguien que no conoce cómo funciona la tributación del país no debe ser un candidato futuro a Ministro.
Parece ser, por lo que muchos medios de comunicación han publicado, que el Sr. Monedero ha presentado una declaración complementaria con resultado a ingresar 130.000€. Pues bien, le reitero Sr Monedero… pague! y pague también las sanciones, intereses y recargos por defraudar. Aunque de lo primero (sanciones)... el Sr. Monedero se va a librar.

domingo, 11 de enero de 2015

And the winner is:

Y el Óscar a la mejor noticia tributaria del 2014 es: "Carlos Fabra condenado por fraude fiscal". 



Esta es una de las publicadas sobre esta cuestión: 


"Once años después de que estallara el caso Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ingresó ayer en prisión. Lo hizo en el centro penitenciario de Aranjuez (Madrid), en cumplimiento de la sentencia que le condenó, en noviembre de 2013, a una pena de cuatro años de cárcel por otros tantos delitos fiscales. Fabra fue declarado culpable de haber defraudado cerca de 700.000 euros a Hacienda, en los ejercicios fiscales de 1999 a 2003.
Fabra entró en la cárcel por no haber declarado 3,3 millones de euros cuyo origen no pudo justificar ni en sus cuentas ni en las de su entonces esposa, María Amparo Fernández, que también fue condenada por un delito fiscal que no la llevará a prisión.
La condena le obligó, además, a abonar casi 1,4 millones de multa e indemnización que aún no ha pagado.
El, en otro tiempo, todopoderoso Fabra apuró el plazo de cinco días otorgado por la Audiencia de Castellón, el tribunal que le condenó, para que ingresara de forma voluntaria en prisión. Aprovechó el fin de semana para despedirse de amigos y familiares antes de viajar a Aranjuez, una cárcel cercana al domicilio de sus hijos.
Al conocer el cumplimiento de la orden de entrada en la cárcel, el presidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, quien apoyó al ahora preso hasta que él mismo decidió dejar la política, habló de “sentimientos contrapuestos”. “Le conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que ha trabajado y lo que ha hecho por Castellón. A nadie nos hubiera gustado verlo en esta situación, pero al final se demuestra que la justicia llega a todas las personas”, apuntó el presidente.
Por la tarde, en apenas dos horas, alrededor de 200 personas se concentraron frente al edificio de la Diputación de Castellón para celebrar el ingreso en prisión de Carlos Fabra. La cita, con cava incluido, se convocó por las redes sociales pero tuvo escasa difusión. “Hemos visto hoy que la justicia ha comenzado a funcionar, a pesar del retraso. Es un día grande para la libertad y la democracia en Castellón”, dijo Paco, un miembro del colectivo de los yayoflautas que acudió a la cita con una imagen de Fabra dentro de una “jaula dorada”. La celebración prosiguió durante algo más de una hora con mascletàs y gritos de “nos ha tocado el Gordo”.
La forma de operar del matrimonio Fabra-Fernández fue calificada en el juicio por un perito de Hacienda como “la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloración de dinero negro”. El caso Fabra comenzó con la denuncia del empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Los tribunales consideraron no probados ni el tráfico de influencias ni el cohecho de los que también estaba acusado.
En nueve meses, Fabra podrá comenzar a pedir permisos, pero debería cumplir en prisión, al menos, tres de los cuatro años a los que fue condenado (uno por cada fraude cometido)."

El País, 1-12-14, autoras: María Fabra y Lorena Ortega. 

domingo, 26 de mayo de 2013

¿Probamos a mejorar la "I" a través de la efectiva persecución del fraude fiscal?

Nos encontramos ante un momento que las palabras “fraude fiscal” se advierten con demasiada frecuencia en los informativos de radio y televisión, prensa escrita, webs, blogs y demás espacios comunicativos y/o divulgativos. 

La ecuación más básica en economía es Rdo= Ingresos – Gastos. Dos variables integran esta igualdad : “Ingresos”, conocidos como “I” y “Gastos” conocidos como “G”
Desde Alemania nos imponen la austeridad, que no es otra cosa que adelgazar la variable “G”. El gobierno de España acata la orden y ejecuta. Es entonces cuando ponen en marcha las políticas de recorte, las políticas de contención del gasto, que se traducen en políticas que únicamente sirven para contraer la economía de cualquier país. 
¿Cómo consiguen ejecutar tales recortes sin que se produzca una revolución social? Como decía el gran D. José Luis Sampedro, lo consiguen sembrando miedo entre la sociedad. 
Retomando el eje de este post … ¿qué ocurre con la otra variable “I” de la ecuación? ¿Cómo es posible que el gobierno no ejecute las medidas oportunas para aumentar esta partida a través de la persecución del fraude fiscal?, ¿en qué cabeza cabe premiar a los defraudadores con una amnistía fiscal?, ¿por qué no interesa al gobierno acotar este gravísimo problema? Las razones parecen obvias… el gran defraudador, el que verdaderamente genera un agravio considerable para las arcas del Estado no es el trabajador, ni el autónomo, ni el pensionista… se trata de las grandes entidades económicas donde se encuentran las fortunas más cuantiosas, las que planifican las operaciones ronzando la delgada línea roja que separa la legitimación de sus actuaciones de la ilegalidad.  
Nombres de grandes banqueros, empresarios, cargos públicos, políticos y hasta miembros de la casa del Rey han sido tachados de presuntos defraudadores fiscales.  La mayoría de ellos han sido “salvados” o los conseguirán finalmente por las siguientes razones:
  • por una parte por saber “jugar” muy audazmente con la delgada línea roja que comentábamos anteriormente, 
  • por otra parte (siendo ésta la que está en manos del gobierno en mayor mesura) porque se ha producido una disminución de las medidas de control tributario producida por la escasez de inversión en medios humanos, materiales y tecnológicos.
  • y a su vez porque el Gobierno ha sucumbido a los "encantos" de los lobbys que generan presión en pro del beneficio de los mismos.
Según indica la novena edición del estudio ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35', el 94% de las empresas que cotizan en el IBEX35 tiene presencia en paraísos fiscales.
A pesar de este dato y de otros muchos alarmantes el gobierno de España:
  • Ha dado por concluidos algunos de los grupos especiales de la Agencia Tributaria que se encargaban de perseguir los grandes y complejos fraudes fiscales. 
  • Repone únicamente el 10% de las jubilaciones de personal encargado de las funciones de control, comprobación e investigación tributaria. 
En conclusión la “G” no puede ni debe estrecharse más. La “I” puede y debe incrementarse notablemente adoptando las medidas lógicas de control sobre el fraude fiscal.

jueves, 4 de abril de 2013

Una filtración destapa miles de cuentas en paraísos fiscales

Una investigación de 15 meses realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con base en Washington, ha destapado la identidad de miles de multimillonarios que esconden sus fortunas en paraísos fiscales, entre los que figura la baronesa española Carmen Thyssen-Bornemisza. La web del ICIJ ha presentado un adelanto de la investigación, que se ha metido en el impenetrable mundo de los paraísos fiscales tras acceder a unos 2,5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook y otros "escondites" en alta mar. La investigación indaga en los movimientos de unas 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y cerca de 130.000 personas, entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas.

Los documentos analizados muestran "cómo el secreto financiero extraterritorial se ha extendido agresivamente en todo el mundo, permitiendo a los ricos y a los bien conectados evadir impuestos y alimentando la corrupción y los problemas económicos en los países ricos y pobres por igual", según el ICIJ. El tamaño total de los archivos es "160 veces mayor" al de la filtración por parte de Wikileaks en 2010 de documentos del Departamento de Estado de EE UU, según la organización.

Para analizar toda la información se ha contado con 86 periodistas de 46 países y con la colaboración de medios como los británicos The Guardian y la BBC, el diario francés Le Monde y el estadounidense The Washington Post. En el adelanto de la investigación publicado por ICIJ aparece la baronesa Thyssen, "quien usa una compañía en las Islas Cook para comprar obras de arte en casas de subastas como Sotheby's y Christie's". También se menciona a Jean-Jacques Augier, que fue cotesorero de la campaña electoral del actual mandatario francés, François Hollande, al presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, y a multimillonarios indonesios con vínculos con el fallecido dictador Suharto. Además, figuran personas y empresas vinculadas al caso Magnitsky, un escándalo de fraude fiscal que derivó en la prohibición de la adopción de niños rusos por parte de familias de Estados Unidos y tensó las relaciones entre ambos países. Los detalles de la investigación se irán publicando paulatinamente hasta el próximo 15 de abril mientras continúa la revisión de muchos de los documentos obtenidos, según adelantó el ICIJ.

Otros de los millonarios comprometidos por esta revelación son María Imelda Marcos Manotoc, gobernadora provincial filipina e hija mayor del dictador Ferdinand Marcos e Imelda Marcos, o la mujer del viceprimer ministro ruso Igor Shuvalov, Olga, que ha negado las acusaciones de malversación en paraísos fiscales. Tony Merchant, abogado y esposo de una senadora canadiense, tiene un depósito de 800.000 dólares en un trust.

Según The Guardian, se estima que el complejo de islas pueda albergar entre 20 y 32 billones de dólares –entre 15 y 25 billones de euros– pertenecientes a fortunas que en algunos casos han llegado a permanecer ocultas hasta casi 30 años, desde que las entidades que las protegen empezaron a tomar relieve. La mayor parte del material filtrado, que aglutina dos millones de emails y otros documentos, procede de las Islas Vírgenes británicas.

Artículo publicado en El Pais el 04/04/2013 por EFE Washington

viernes, 22 de marzo de 2013

Casi 10 años después...

El titular del juzgado número 1 de Nules ha dictado el auto para la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente del PP provincial, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. El auto, que no es recurrible, será remitido a la Audiencia para que ponga fecha para celebración del juicio, ya que es este el tribunal competente para la celebración de la vista.

Tal como decretó el Tribunal Supremo, el juez ha obrado con "absoluta libertad de criterio" y ha ordenado, otra vez, la apertura de juicio incluyendo la acusación de cohecho que la Audiencia provincial de Castellón pretendió archivar. Tanto la acusación popular como la fiscalía recurrieron la intención de la Audiencia provincial y el Supremo les dio la razón.
Con este auto, el juez da un plazo de diez días para que las partes confirmen o rectifiquen sus escritos de acusación y, posteriormente, se fijará la fecha para el juicio. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular fijaron sus peticiones de cárcel entre 15 y 20 años.

Carlos Fabra dejó sus cargos, por iniciativa propia, en las últimas elecciones municipales. Sin embargo, el PP no ha hecho pública la apertura de ningún expediente sancionador y Fabra sigue presidiendo una sociedad pública, la del aeropuerto "peatonal" de Castellón.

En su sentencia para aclarar los delitos por los que debía ser juzgado Carlos Fabra, el Supremo expuso cómo la Audiencia provincial dio "materialmente una orden" para que acordara el archivo de la acusación de cohecho y trató de "dictar" el auto que debía redactar el juez instructor. El Supremo decidió que la Audiencia había "cercenado de forma indebida las facultades de la acusación" y señaló la "absoluta libertad de criterio" con la que debía actuar el juez.

La investigación por el supuesto tráfico de influencias -después de que un empresario le acusara de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos- desveló movimientos en sus cuentas y un incremento patrimonial que no se justifica con sus ingresos declarados. Por ello, la Agencia Tributaria examinó sus ingresos, cuentas y movimientos durante cinco años, tras lo que descubrió la existencia de 3,7 millones de euros que los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, como ingresos. Así, al tráfico de influencias y al cohecho se le unió la del fraude fiscal, después de que los peritos constataran que el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su entonces esposa, María Amparo Fernández, defraudaron a Hacienda 1,5 millones de euros entre 1999 y 2004.

Después de más de nueve años desde que se destapara el caso, tras el paso de nueve jueces y cuatro fiscales por la instrucción, el caso Fabra da un paso definitivo para su conclusión y para que el dirigente del PP se siente en el banquillo de los acusados.

Artículo publicado en El País el 22-03-2013. Autora: Dña. María Fabra

martes, 12 de febrero de 2013

Un juez obliga a la Iglesia a pagar el IBI en un pueblo de Ourense

El juzgado contencioso administrativo número dos de Ourense acaba de dictaminar que la Diócesis ourensana deberá abonar 329 euros correspondientes a cuatro recibos de propiedades eclesiásticas que no están exentas ni en el Concordato de 1979, ni en la Ley de Mecenazgo. Contra la sentencia no cabe recurso de apelación alguno y el pago deberá ser formalizado por su cauce administrativo habitual.

El Ayuntamiento de Allariz (6.000 habitantes) reclamó, a través de un acuerdo de la junta de Gobierno, el pago de recibos de los tres últimos años. En diciembre de 2011 la corporación local desestimó una reclamación administrativa contra esos recibos. La Iglesia se negó a formalizar el pago y hace medio año interpuso un recurso en el juzgado contencioso administrativo contra la decisión del ayuntamiento, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego desde hace 23 años.


La Iglesia alegó que la decisión municipal no era “conforme a derecho” porque “como entidad sin ánimo de lucro estaría exenta de tales impuestos” en base a la ley. Y además solicitó que la exención se mantuviese para periodos impositivos futuros. Para ello aportó una resolución de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda en la que se explica que la Diócesis de Ourense, como miembro de la Iglesia Católica, tiene derecho a esa exclusión. El escrito de Hacienda obvia en todo momento que los recibos hacen referencia a figuras tributarias que no están exentas. Por eso el juez tumba todos los argumentos aportados por la curia eclesiástica para evitar el pago.

La sentencia determina que “son inmuebles de naturaleza urbana que no se hallan en ninguno de los supuestos de exención legalmente previstos”. Así “necesariamente se determina” la desestimación de la demanda interpuesta por el Obispado. El texto explica que los “términos” que regulan esas excepciones “son bien claros” y los impuestos reclamados por Allariz “no se ajustan” a ellos.
 
El juez carga duramente contra el informe de Hacienda solicitado por la Conferencia Episcopal. Así, explica que la Iglesia “no ha alegado y menos aún probado ser una entidad sin ánimo de lucro”. El escrito de la Dirección General de Tributos refrenda la teoría de la curia reconociendo a la Iglesia como una entidad sin ánimo de lucro. El magistrado recuerda que la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo no recoge a “la Iglesia como tal”. También afirma que el juzgador solo está “sometido” a “la Constitución y al imperio de la ley” por lo que “en nada le afectan las decisiones adoptadas por un órgano administrativo”.

El alcalde de Allariz, Francisco García, asegura que el fallo judicial “crea un precedente”. Ante las distintas resoluciones dictadas y que son “contradictorias”, solicita que se trabaje “para unificar la jurisprudencia”. También ha criticado la actitud del Ministerio de Hacienda. “Parece que intenta ayudar a la Iglesia al obviar propiedades que, claramente y según la ley, no están exentas” asevera. Ahora el ayuntamiento revisará minuciosamente las 95 propiedades eclesiásticas del municipio para proceder al cobro del IBI en todos aquellos casos amparados por la ley.

Allariz no es el primer municipio gallego que reclama este impuesto. Amoeiro (2.500 habitantes) ultima un recurso ante el Tribunal Supremo tras la sentencia de otro juzgado que otorga la razón a la Iglesia. El alcalde, Rafael Rodríguez, (PSOE), que amagó con embargar bienes y cuentas del Obispado de Ourense si no procedían al pago, recurrirá ahora al alto tribunal “para que cree jurisprudencia”.

Artículo publicado en El País el 25/01/2013 - Autor: D. Pablo Toboada

viernes, 1 de febrero de 2013

Con menos fraude... no harían falta recortes.

Esta no es una historia de impuestos, sino del país que España podría ser si se pagasen. Cada año, España deja escapar por los sumideros del fraude fiscal 59.515 millones de euros. Es la cifra que los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcularon para 2009. Aunque la bola ha ido engordando con rapidez. Los expertos de la red inglesa Tax Justice Network estimaban en noviembre de 2011 que esa elusión alcanzaba los 107.350 millones de dólares (80.900 millones al cambio actual). Son números que marean la conciencia y algo más. Según esa organización, las estadísticas sitúan a España como el 10º país del mundo con mayor fraude. Tras la fuga de capitales de 2012 —debido al miedo ante la posible desintegración del euro—, seguro que el país ha escalado posiciones en ese ranking tan poco honroso. Por ahora, 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB español, se va a la economía sumergida.

Una reflexión sencilla revela que si esos 80.900 millones estuvieran en las arcas públicas, España tendría cubierto este año los gastos de sanidad (3.852 millones), desempleo (26.993), educación (1.944), cultura (721), el pago de los intereses de la deuda (38.589) e incluso sobrarían casi 10.000 millones. “Habría crisis, aunque sería otra distinta”, apunta Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Pero ¿por qué no se cumplen con las obligaciones? ¿Es solo cuestión de avaricia e insolidaridad? ¿Por qué en el norte de Europa la evasión es mucho menor? Noruega deja de ingresar, según Tax Justice Network, 27.600 millones de euros al año, y Suecia, 33.839 millones. ¿Por qué en España muchos se jactan de no pagar impuestos? De tan incompresible que parece, quizá haya que recurrir a un filósofo para explicarlo. Javier Sádaba remite a la “tradición católica”. “Los centroeuropeos y los nórdicos han internalizado una serie de deberes que están en relación con la doctrina protestante. De ahí que tiendan a cumplir sus compromisos y eviten, de esta manera, el sentimiento de culpa”. Y añade: “Bien distinta es la postura de los católicos. La religiosidad es más externa y, aunque exista un elevado sentido del ridículo, la culpa está ausente. Esto explica el individualismo español y la sensación de no haber hecho nada malo si queda lejano”. A lo que se añade la falta de cultura fiscal y esa creencia sartriana de que “el Estado es un expoliador”, apostilla Sádaba.
El fraude afecta a todos, con nombres y apellidos. Casi el 72% de la evasión fiscal de España (42.711 millones), relatan los técnicos de Hacienda, se localiza en las grandes empresas y patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes (10.150) y muy por encima de los autónomos (5.111), quienes injustamente suelen concentrar la desconfianza del ciudadano. Por eso “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar microempresas, pymes, asalariados y autónomos”, denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

De fondo, hay nada menos que 50.000 millones de euros (el 41% de lo que este año se llevan las pensiones) de deuda tributaria pendiente de cobro. “Unos 25.000 millones”, revela Pérez Boga, “proceden de empresas que presentaron la autoliquidación, pero no ingresaron el dinero”. Una treta para ganar tiempo y sepultar, gracias a despachos ultraespecializados en fiscalidad, a Hacienda en una montaña de recursos.
La nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal aprobada en octubre pasado quiere poner fin a esas argucias. Además, “con la reforma del código penal, la Administración podrá cobrar las deudas aunque se remita al fiscal el expediente. De esta manera, el Gobierno espera rebajar esa cifra, ya que seguramente dejará de ser tan rentable litigar”, analizan en el bufete Díaz Arias. Pero esos 50.000 millones seguirán en el “limbo”, pues la normativa no se aplica de forma retroactiva.

Ahora bien, si algo positivo deja esta inacabable recesión es una mayor sensibilidad social con el tema. Conocer que Apple, Amazon, Google, Ebay o Facebook facturan millones de euros en España y pagan unos gravámenes ridículos ha enfadado a muchos. “Estas prácticas tienen un efecto muy adverso en los ingresos, pues obligan a los Gobiernos a subir otros impuestos, generalmente los que repercuten el consumo, o bien recortar el gasto público, lo que mina la recuperación económica”, advierte John Christensen, director de Tax Justice Network.

Estas estrategias, sin duda, son insolidarias, pero bastante conocidas. Los inspectores de Hacienda aseguran que llevan seis años persiguiendo estas prácticas (operaciones vinculadas). Otros van incluso más atrás y culpan a un sistema fiscal internacional que se diseñó hace 100 años, cuando había pocas multinacionales. “Ahora dominan el mundo económico, pero se rigen por esos principios de antaño”, asegura Sol Picciotto, profesor emérito de la Universidad de Lancaster. “Esto permite, por ejemplo, a Google transferir los derechos de su propiedad intelectual a su filial de las islas Bermudas, donde puede acumular la mitad de sus beneficios mundiales sin tributar por ellos”.
Para evitar abusos, algunos expertos piden que se graven las ganancias de las multinacionales en función de la actividad económica real, allí donde venden sus productos o servicios. Otros, lo matizan. “La ocultación es un problema muy serio, pero tener unos impuestos mayores o menores es una decisión de política fiscal de cada país”, observa Santiago Barrenechea, socio responsable de fiscalidad de PwC.

Este podría ser un enfoque asumible si no fuera porque esa planificación tributaria agresiva tiene duras repercusiones en nuestras cuentas. Hay una “sangría”, alertan los inspectores, en la recaudación del impuesto de sociedades, ya que estas multinacionales obtienen ingresos (dividendos) que están exentos y se generan gastos (provisiones o costes fiscales) deducibles. Por si fuera poco, se produce un fenómeno de deslocalización. A España llegan las empresas que tienen pérdidas, porque aquí el tipo de sociedades es del 30% y las minusvalías se deducen en ese porcentaje. Mientras que si tienen beneficios se las llevan a lugares como Irlanda, donde tributan al 12,5%.

¿Y Hacienda? “Si no ha actuado antes es porque creía que estas prácticas eran legales. Otra pregunta es si esas estructuras fiscales, con la realidad de este país, son admisibles”, se interroga Jaume Bonet, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. No lo parecen mucho. “En EE UU hacer transacciones financieras solo con el objetivo de minimizar los impuestos es ilegal”, recuerda Pankaj Ghemawat, profesor del IESE.

Artículo publicado en El País el 13-01-2013. Autor: Miguel Ángel García Vega


Google da esquinazo al fisco otro año



La presión internacional contra las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes multinacionales no ha hecho mella en Google. La mayor compañía en Internet destinó solo 430 millones de dólares (unos 320 millones de euros) a impuestos por los beneficios de 8.075 millones de dólares (unos 5.980 millones de euros) que logró fuera de Estados Unidos en 2012, según las cuentas anuales depositadas la noche del martes en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés). Eso supone una tributación de solo el 5,3% en contraste con el 41% que tributó por las ganancias de 5.311 millones de dólares logradas en Estados Unidos.

Con todo, la tasa fiscal en el exterior ha aumentado desde el 3,2% de impuestos que pagó el año anterior por el beneficio fuera de Estados Unidos. Google logra rebajar su factura fiscal con maniobras que considera legales, pero que son controvertidas y están sujetas a investigación de las autoridades en varios de los países en los que opera, como Reino Unido, Francia, Australia, Italia, Suiza y España. La compañía señala que no espera que esas investigaciones tengan un efecto relevante sobre sus cuentas.

La compañía con sede en Mountain View (California) admite en su informe anual que “sustancialmente todo el beneficio de las operaciones en el exterior fue logrado por una filial irlandesa”. El buscador factura desde Irlanda los ingresos por publicidad que obtiene en otros mercados, como el español, donde la filial Google Spain ha declarado pérdidas en los últimos dos ejercicios y apenas ha pagado impuesto de sociedades. Google Spain se dedica principalmente a comercializar la publicidad de clientes españoles en Google. Pero no factura la publicidad de esos clientes, sino que lo que hace es refacturar a otras sociedades del grupo (básicamente Google Ireland) basándose en los costes incurridos más un pequeño margen. Eso mismo hace en prácticamente todos los mercados fuera de Estados Unidos, como Reino Unido, Francia o Italia, entre los principales. De hecho, en el listado de filiales de su informe anual, donde otras compañías incluyen decenas de sociedades, Google solo incluye dos: Google Ireland Holdings y Google Ireland Limited.
ero Google ni siquiera paga el 12,5% que es el tipo del impuesto de sociedades en Irlanda. Una investigación realizada por Bloomberg en 2010 mostró cómo se las arreglaba para trasladar su beneficio a paraísos fiscales sin apenas tributar.

La filial irlandesa que recibe los ingresos por publicidad de otros países paga a su vez derechos de propiedad industrial a la otra filial irlandesa, que está domiciliada a efectos fiscales en las islas Bermudas, una maniobra que en el argot fiscal se conoce como el doble irlandés. Para evitar retenciones, Google canaliza los pagos a las Bermudas a través de una filial holandesa que ni siquiera tiene empleados, una operación conocida como sandwich holandés. Los pagos de la filial irlandesa a la firma de las Bermudas, domiciliada en un despacho de abogados, alcanzaron en 2011 los 9.800 millones de dólares (cerca de 7.300 millones de euros al cambio actual), según los últimos documentos disponibles. En las Bermudas no hay impuesto sobre los beneficios.
Google acumula 31.400 millones de dólares en efectivo y activos líquidos en sus filiales en el exterior. Si Google decidiese repatriar ese dinero a EE UU, debería pagar impuestos por la diferencia hasta el tipo federal del 35% vigente en su país, pero la compañía declara que planea “reinvertir” esos fondos en el extranjero.

La traslación de bases imponibles y el uso de la ingeniería fiscal para reducir el pago de impuestos es una práctica generalizada entre las grandes multinacionales tecnológicas como Apple, Facebook, Microsoft, Amazon o Yahoo! El G-20 y la OCDE han puesto en marcha grupos de trabajo para combatir las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales. El primer ministro británico, David Cameron, subrayó la semana pasada en Davos que la lucha contra la evasión y la elusión fiscal será una de sus prioridades durante la presidencia británica del G-8, pues considera “corrosivo para la confianza pública” que se perciba que algunas empresas no pagan impuestos. “Gente de todo el planeta está pidiendo con razón una mayor acción”, añadió. En su opinión, algunas prácticas de ingeniería fiscal son tan agresivas que suscitan cuestiones éticas. Curiosamente, uno de los miembros estrella del consejo asesor empresarial de Cameron es Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google.

Artículo publicado en El País el 30-01-2013. Autores: Sandro Pozzi - Miguel Jiménez

viernes, 11 de enero de 2013

Algunos datos relevantes sobre la evasión o fraude fiscal y medidas, mejor dicho, NO-medidas adoptadas.

El año 2012 nos ha dejado algunos datos indicativos de lo que está ocurriendo con respecto a la evasión fiscal:
  • Estimación del fraude fiscal en España anual: 80.000 millones €, la cifra escrita con todos los ceros queda así 80.000.000.000€.
  • Con dicha cantidad, 80.000.000.000€, se sufragaría el 80% del coste de la sanidad pública.
  • Estimación del fraude fiscal no prescrito en España (4 años): 80.000 millones de € x 4 años = 320.000 millones €, la cifra escrita con todos los ceros queda... tal que así 320.000.000.000€.
  • La anterior cantidad resulta sin tener en cuenta los intereses de demora y sanciones que se devengarían y sin tener en cuenta la ampliación del plazo de prescripción a 5 años para los casos calificados de "delito fiscal".
  • Un 82% de la población española cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal (dato del CIS). 
  • España representa por sí sola el 31% del fraude fiscal de la UE. 
¿Cuáles han sido las medidas del Gobierno para perseguir el fraude fiscal?:
  • Tasa de reposición de Inspectores de Hacienda por jubilación u otro motivo: 10%.
  • El número de plazas de la convocatoria para las oposiciones para Inspección de Hacienda del año 2012 ha sido de 30 plazas, lo que supone 270 inspectores menos para realizar labores de persecución del fraude fiscal.
  • La idea estrella: La AMNISTÍA FISCAL, que publicitaba intrínsecamente el siguiente lema "si has defraudado... no te preocupes... te limpio el dinero casi gratis... ahhh y no sufras que no te vamos a investigar por si sigues defraudando... Carpe Diem Defraudador".
Y mientras:
  • RECORTES, RECORTES Y MÁS RECORTES

La inspección de Hacienda reclama 366 millones en impuestos a Carrefour

La inspección de Hacienda ha levantado al grupo Carrefour en España actas por importe de 366 millones de euros por el impuesto de sociedades, según ha reconocido la sociedad de cartera del grupo francés en España, Norfin Holder, en sus cuentas anuales, recién depositadas en el Registro Mercantil. El grupo ha recurrido esas actas, que están entre las más voluminosas levantadas en España a la filial de una multinacional, pero ha realizado una provisión por parte del importe que ha tenido impacto en las cuentas del grupo francés, que cotiza en la Bolsa de París.

La cifra que Hacienda considera defraudada corresponde a las declaraciones de los años 2004 a 2007 del impuesto sobre sociedades. La inspección de Hacienda comenzó a revisar las declaraciones de esos años en julio de 2009 y concluyó las actuaciones durante el ejercicio 2011.

Con fecha de 14 de junio y 14 de noviembre de ese año, Norfin Holder firmó en disconformidad dichas actas por un importe de 366,168 millones de euros. La sociedad interpuso recursos el 17 de agosto de 2011 y el 8 de marzo de 2012 contra esas actas en el Tribunal Económico Administrativo Central y señalaba que “los administradores de la sociedad tienen esperanzas fundadas de éxito de los recursos interpuestos”.



Pese a ello, la sociedad ha dotado una provisión de 268 millones de euros. En sus criterios contables, la compañía asegura que las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales “se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario” y que se valoran en función de “la mejor estimación posible” de la cantidad que será necesaria.

El grupo francés Carrefour registró esa provisión en las cuentas anuales de 2011, pero sin especificar que era consecuencia de actas fiscales levantadas por el impuesto de sociedades y sin desvelar la cuantía total de la reclamación de Hacienda.
Norfin Holder no especifica en su memoria las causas a las que obedece la declaración de Hacienda. Carrefour declinó dar explicaciones al respecto a preguntas de este diario y tampoco dio más información acerca del estado del litigio en los tribunales. Hacienda, por su parte, tiene como política no hacer comentarios sobre expedientes de contribuyentes en concreto.

Las cuentas de Norfin Holder de anteriores ejercicios muestran, sin embargo, que el grupo ha realizado varias operaciones de las que suelen estar bajo la lupa de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal.

En los ejercicios 2006 a 2010, la partida de impuesto de sociedades le salió positiva a Norfin Holder por un importe agregado de 178 millones de euros, según sus cuentas anuales, pese a sumar un beneficio antes de impuestos de más de 1.300 millones. La sociedad aplica deducciones por doble imposición (es accionista no solo de Carrefour España, sino también de filiales de Carrefour en Argentina y Brasil), deducciones por amortización del fondo de comercio y tiene múltiples relaciones financieras con otras sociedades del grupo francés. Además, recibió de Centros Comerciales Carrefour en 2007, con cargo al ejercicio 2006, un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición y devolución de prima de emisión por importe de 1.626 millones de euros. La empresa no ha aclarado si la inspección de Hacienda ha cuestionado alguna de estas operaciones, pero varias de ellas entran en la tipología que la Agencia Tributaria ha identificado como potenciales focos de fraude fiscal.

Artículo publicado por el autor Miguel Jiménez para  El País  07-01-13


miércoles, 28 de noviembre de 2012

La amnistía fiscal recauda solo un 6% de lo previsto

Artículo publicado en El País - Tiziana Trotta - 28-11-12 
 
Dos días antes de la conclusión del plazo fijado por el Ministerio de Hacienda para que los evasores se acojan a la amnistía fiscal, los técnicos del departamento reconocen que la medida no tuvo el éxito esperado. Las arcas estatales han ingresado hasta octubre 149,6 millones de euros frente al ambicioso objetivo inicial de unos 2.500 millones, es decir, solo el 6%. La meta prevista se convierte así, de acuerdo con los técnicos, en una "misión casi imposible" de cumplir, que al mismo tiempo acarrea efectos negativos en otros ingresos tributarios.

Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, explica que los datos facilitados por el Ministerio en los últimos meses son escasos y que a partir de agosto el informe mensual de recaudación tributaria omite especificar la suma de los que se acogen a la amnistía, englobando este total en "otros ingresos". "El último dato detallado se refiere al mes de julio, cuando se situó en 50,4 millones de euros. Incluso asumiendo que la recaudación por amnistía se incluya en 'otros ingresos', estamos hablando de un máximo de unos 150 millones hasta octubre, lo que convierte el objetivo del Ejecutivo en algo muy complicado de alcanzar", dice.

La regularización fiscal —una expresión que los técnicos del Ministerio tildan de "eufemística"— arrancó a finales de marzo y permite a los defraudadores pagar un 10% para blanquear su dinero, sin intereses, recargos, sanciones o imputaciones penales. Los expertos consideran esta cantidad "un precio de saldo" comparado con la suma desembolsadas por los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, a los que corresponden tipos de hasta el 52% en el IRPF, llegando al 56% en Cataluña. La puesta en marcha de la medida ha causado, por otro lado, una disminución del 20% de la recaudación inducida, que incluye las declaraciones voluntarias presentadas fuera de plazo para evitar sanciones.

Los técnicos de Hacienda criticaron la implementación de esta medida desde el principio. "El Gobierno la presentó como una alternativa a la subida del IVA, aunque luego no fue así", añade Cruzado y subraya que las recientes declaraciones del Gobierno a respecto "demuestran cierto nerviosismo" por la dificultad de lograr el objetivo fijado.
Los expertos del Ministerio recuerdan que, como ya ocurrió en las anteriores amnistías realizadas en la democracia, "no sirve para reducir el fraude fiscal, especialmente de las grandes fortunas y corporaciones empresariales, que son responsables del 71,7% de la evasión tributaria total".
 
La economía sumergida en España asciende a 245.000 millones de euros, o sea el 23,3% del producto interior bruto (PIB), diez puntos por encima de la media de otros países europeos como Alemania y Francia, según los cálculos de los expertos del Ministerio.
Cruzado insiste en que hay que potenciar los instrumentos a disposición del departamento para luchar contra el fraude y optimizar los recursos por muy escasos que sean —en España, cada empleado de Hacienda es responsable por 1928 contribuyentes frente a la media de 900 de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico—.

miércoles, 3 de octubre de 2012

El Gobierno recauda 50 millones hasta julio por la amnistía fiscal, sólo el 2% de lo previsto para 2012

La amnistía fiscal promovida por el Gobierno y aprobada a finales de marzo no está funcionando, o al menos sus resultados no están a la altura de lo esperado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El Gobierno ha recaudado 50,4 millones hasta el 31 de julio gracias a esta media, lo que supone únicamente el 2% de lo que se espera recaudar en el conjunto del año, según datos de la Agencia Tributaria recogidos por Europa Press.
La amnistía fiscal vio la luz el pasado 30 de marzo y fue creada como una medida "excepcional y extraordinaria" para el año 2012 con el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros y aflorar el capital oculto en España, necesarios para que el Estado cumpla con el objetivo de déficit del 4,5% del PIB fijado para este año.  
La medida fija un gravamen específico del 8% para los dividendos o participaciones en beneficios de fuente extranjera derivados de la misma fuente que se repatríen hasta el 31 de diciembre de 2012. 
Asimismo, implanta otro gravamen especial del 10% de atracción de rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Los contribuyentes pueden presentar una declaración confidencial para regularizar su situación tributaria, y el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre.

DUDAS


Así, para cumplir las expectativas fijadas, el Gobierno debería recaudar 2.450 millones en menos de cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal. Muchos son los expertos que han dudado de la efectividad de una medida de este tipo y han cuestionado incluso su legalidad. De hecho, el Partido Socialista presentó en junio un recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
 
El PSOE justificó el recurso por ser una iniciativa que favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10% del valor de los bienes aflorados, mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43%. De hecho, el Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (Gestha) cree que la reducida recaudación de la amnistía se debe a que los asesores están recomendado a sus clientes no acogerse a esta medida hasta que el Constitucional dicte sentencia.

RETICENCIAS


Luisa López, directora de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aseguraba hace unos días en el diario El Economista que "en los despachos no se dice a los contribuyentes que no se acuda, sino que se esperen a que se aclaren los recursos y a que haya más seguridad".
  El Periódico asegura en su edición de este domingo que Hacienda está preparando una nueva norma aclaratoria para lograr que más defraudadores se acojan a la medida.

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS


El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha explicado a Europa Press que la admisión a trámite del recurso "ha frustrado" las expectativas de la amnistía porque los que se acojan ahora podrían ser penalizados más adelante si la amnistía se declarara inconstitucional.
 
Según Mollinedo, la amnistía no arrancó bien en el mes de marzo porque ofrecía poca seguridad jurídica e iba dirigida a ciudadanos de rentas muy altas o a los administradores de grandes compañías. La orden ministerial que se publicó tiempo después de aprobar la amnistía mejoró la situación al permitir que se declarara dinero en efectivo, ya que, según Mollinedo, hay 50.000 millones en billetes de 500 euros no declarados.  
En cualquier caso, el secretario general de Gestha cree que la admisión a trámite del recurso del PSOE dificulta enormemente la posibilidad de que el Gobierno recaude lo previsto.

DEFENSORES Y DETRACTORES


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue uno de lo más fuertes defensores de la amnistía: "Lo que hacemos es extirpar la economía sumergida", aseguró, mientras que Óscar López, secretario de Organización del PSOE, la calificó de "bochornosa".
 
A finales del mes de agosto, además, la Comisión Europea (CE) considera que las amnistías fiscales, como el programa promovido por el Gobierno español, deben ser evitadas "a toda costa", porque generan pocos ingresos adicionales y crean un riesgo moral contraproducente: "Disminuyen la responsabilidad tributaria y la exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos".
 

España solventaría su deuda en 2013 si situara el fraude fiscal en la media de laUE

España deberá pagar a lo largo del año que viene 38.590 millones de euros en intereses de la deuda pública. Son más de 105 millones al día, de media; una cifra que ahoga las cuentas públicas y neutraliza en gran parte los esfuerzos y recortes emprendidos desde mayo de 2010 para reducir el déficit. Esta cifra, sinembargo, se obtendría estemismo año, sin subirningúnimpuesto, solo equiparando la tasa de fraude fiscal a la media europea (en torno al 13%).

La recaudación del Estado aumentaría en unos 38.500 millones de euros si la tasa española de economía sumergida –que actualmente supone el 23% del PIB, unos 244.000 millones– se redujera en 10 puntos y se homologara a la Europa de los15, según los cálculos elaborados por el sindicato de técnicos deHacienda Gestha. El colectivo de subinspectores, que agrupa a unas 8.000 personas, propone entre otras cosas que se cambie la ley para que puedan investigar «las grandes bolsas de fraude». Y es que la evasión fiscal de las grandes fortunas y grandes empresas supone el 72% del fraude en España, y alcanza los 42.000 millones de euros al año. Son la parte más grande del pastel, y sin embargo solo uno de cada cuatro inspectores y subinspectores se dedica a fiscalizarlos, tal como denuncia Gestha. Y va a peor, a la vista de los PGE.

Pese al anuncio del ministro Cristóbal Montoro de que la lucha contra el fraude fiscal sería una de las partidas que no se reduciríanen los Presupuestos Generales del Estado para 2013, lo cierto es que la Agencia Tributaria dispondrá de un presupuesto un 7,7% menor el año que viene. La plantilla, así, se verá reducida en más de 200 empleados. El Gobierno espera que el fisco, sin embargo, realice un 10% más de inspecciones y recaude unos 9.130 millones, un incremento del 11,74% respecto a este año.

Artículo publicado por el diario 20Minutos-Madrid el 1-10-2012. Autor: Nicolás M. Sarries

martes, 14 de agosto de 2012

Singapur, el nuevo oasis fiscal.

Artículo publicado por El Pais 14/08/2012 -  Enrique Müller
El capítulo que dedica el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en su página web para calificar las relaciones políticas y económicas de la primera potencia económica de Europa con Singapur está marcado con adjetivos positivos. “La relación bilateral es muy buena”, señala el ministerio y añade que Singapur es visto como un aliado estratégico para dinamizar las relaciones entre los países europeos y asiáticos.
Esta interesada apreciación puede cambiar radicalmente después de que el fisco alemán descubriera, gracias al pago de varios millones de euros a espías suizos, que los millonarios evasores fiscales germanos, que tenían cuentas secretas en Suiza, decidieron trasladar sus fortunas a bancos de Singapur. Según el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, el fisco investiga a los bancos suizos UBS y Julius Bär, sospechosos de transferir dinero de clientes alemanes a países asiáticos.
“Singapur es mejor que Suiza”, reza el título de un folleto que se puede leer estos días en varias direcciones electrónicas alemanas, que recomiendan al país asiático como un puerto seguro para anclar los millones que dormían pacíficamente en los bancos suizos. “Singapur ofrece seguridad y discreción”, añade el folleto.


Información comprometida

 

Según el portal Spiegel Online, Singapur está en camino de convertirse en el mejor heredero del oasis fiscal suizo, una afirmación que está apoyada por la información que descubrieron los sabuesos del fisco alemán, después de analizar varios CD que compró el Gobierno regional de Renania del Norte Westfalia en un inédito mercado negro que está floreciendo en los medios financieros suizos. Las autoridades regionales pagaron hace unos días unos nueve millones de euros por varios CD que contenían nombres de evasores fiscales alemanes. Los vendedores, altos ejecutivos de la banca suiza, están protegidos por el manto cómplice del silencio de las autoridades alemanas.
Otro medio alemán, el Financial Times Deutschland, señala que gran parte del dinero negro depositado en Suiza fue transferido en los últimos meses a Singapur. El país asiático ha recibido, según un informe de PricewaterhouseCoopers, la friolera de 500.000 millones de dólares (400.000 millones de euros).
El magnetismo que atrae los millones de Europa es fácil de explicar. Singapur es un oasis fiscal que ofrece garantías que ningún otro país está en condiciones de dar. Por ejemplo, las plusvalías y las herencias no pagan impuestos, el impuesto de la renta está limitado al 15% de los ingresos y todas las fundaciones están libres de impuestos.

"Crimen organizado"

 

Pero la alegre transferencia del capital alemán depositado en cuentas secretas suizas a Singapur, puede sufrir un incómodo accidente si se concreta una petición que hizo el presidente el partido socialdemócrata alemán (SPD), Sigmar Gabriel, que acusó ayer a la banca suiza de utilizar métodos propios del “crimen organizado” para favorecer la evasión fiscal en Alemania.
“De lo que estamos hablando aquí es de criminalidad organizada desde los bancos suizos hacia Alemania”, dijo el líder socialdemócrata en declaraciones a la radio pública germana, al referirse a las sospechas de complicidad de la banca helvética con la transferencia de dinero de evasores alemanes a Singapur.
El líder del SPD desea que la Fiscalía federal germana abra una investigación para perseguir a los evasores fiscales alemanes, que han decidido sacar sus millones de Suiza y enviarlos a Singapur, un país que tiene relaciones “muy buenas” con Alemania, pero que hace la vista gorda a la hora de recibir dinero negro en sus bancos.
Sigmar Gabriel, uno de los pocos políticos alemanes que han mantenido un perfil alto durante la pausa veraniega, sostiene que Alemania debería orientarse según el modelo estadounidense, que amenazó a la banca suiza con la acción de la justicia. El presidente del SPD también criticó con dureza un acuerdo fiscal suscrito por Suiza y Alemania, que calificó como una medida destinada a “legalizar la evasión fiscal” de los alemanes ricos.
El líder socialdemócrata defendió la compra de los CD con información sobre cuentas secretas de contribuyentes alemanes en Suiza, una medida que fue criticada por el Ministerio de Finanzas. El Gobierno federal teme que estas compras hagan peligrar el acuerdo en materia fiscal entre Alemania y Suiza, con el que supuestamente se pretende alcanzar una mayor cooperación entre los dos países frente a la evasión fiscal.


jueves, 28 de junio de 2012

El juez del "Caso Fabra" acusa a sus jefes de "perturbar" su independencia

Artículo publicado en El País 28/06/12 por María Fabra. 
 
Las presiones han acabado provocando el estallido. Y el Consejo General del Poder Judicial tiene ahora una patata caliente que habrá de resolver. Después de ver cómo la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón trataba de rebatir sus decisiones, el titular del juzgado número 1 de Nules, instructor del caso Fabra, ha decidido pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces con el fin de que esa sección de la Audiencia, que preside el propio presidente del organismo, Carlos Domínguez, “deje de perturbar mi independencia”.




El juez sostiene que esa sección está “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho” del que está acusado el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra. La causa, de momento, está abierta por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
“Soy consciente de que puede parecer inusual que un miembro del Poder Judicial acuda en amparo ante el Consejo contra un órgano judicial superior, pero es evidente que la presente perturbación de mi independencia, que debe velar mi actuar, no es una mera cuestión jurisdiccional”, señala el juez en la providencia en la que reclama el amparo.
El juez, Jacobo Pin, que dirige la instrucción del caso Fabra desde hace tres años, relata en su escrito las últimas resoluciones de la sección primera de la Audiencia, que incluso han desdicho las señaladas por otra sección del mismo tribunal, la segunda, que ha sido la encargada de resolver los recursos durante los más de ocho años de instrucción. Pin indica que “aun a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no le otorga tal posibilidad”, la sección primera ha tratado de adoptar algunas medidas como la de declarar nulo el auto de apertura de juicio oral que ponía al presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, a un pie del banquillo de los acusados.
En esa resolución, además, los magistrados apuntaron el sobreseimiento del delito de cohecho, insinuándolo pero no dictándolo expresamente, lo que, según el juez, “no pueden hacer en el estado actual del procedimiento”. La decisión de la Audiencia provocó que el propio juez pidiera una aclaración para que este tribunal dijera explícitamente si tenía que archivar la causa por cohecho. Pero la sección primera no lo ha hecho, quizá porque sería incurrir en una irregularidad aún mayor. “Consideré y considero que concurren indicios racionales de criminalidad constitutivos de un presunto delito de cohecho”, insiste el juez en su escrito.
Jacobo Pin expone que ha sido instructor del caso Fabra durante tres de los ocho años que se dilata ya la causa, “controlando en todo momento la legalidad del cauce procedimiental a seguir (…), atendiendo a los hechos declarados punibles (…), supervisando la calificación jurídica”. Y afirma que “el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas impide demorar más la tramitación de la presente causa, cuya instrucción está concluida desde hace meses”.
Desde que Pin se hizo cargo de la causa —el noveno juez a lo largo de estos más de ocho años—, la diligencia ha sido una norma en un procedimiento que se antojaba eterno. Sin embargo, las dilaciones en la resolución de recursos han impedido que el de Fabra sea ya un caso cerrado.
La causa se inició cuando Vicente Vilar, un fabricante de fitosanitarios y hasta entonces amigo de Fabra, le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces presidente de la Diputación de Castellón medió, según los indicios, ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de acelerar la autorización de esos productos. Además, la investigación de las maniobras y supuestos cobros ilegales destapó cuatro presuntos fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra junto a su entonces esposa, María Amparo Fernández, que dejaron de ingresar 1,2 millones en las arcas públicas. Por todo ello, la fiscalía pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra.
El presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, que no ha firmado las últimas resoluciones de su sección, ha sido cuestionado por su amistad con Fabra. De hecho, esa relación fue uno de los motivos que se sopesaron a la hora de su reelección, en 2008, en la que contó con el apoyo del ahora presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa. El órgano de gobierno de los jueces no atendió las advertencias ni al hecho de que vulnerara las normas de reparto y resolviera un recurso del caso. Ahora será ese mismo Consejo, presidido por De Rosa, quien tendrá que resolver la petición de amparo del juez de Nules.